Metrópoli en riesgo: violencia de género y gradiente centro-periferia en los municipios de Nuevo León, 2015–2025
Palabras clave:
violencia de género, municipios, índice compuesto de riesgo, Zona Metropolitana de Monterrey, alerta de géneroResumen
Este artículo aplica el Índice de Riesgo de Violencia de Género contra las Mujeres (IRVGM) a los municipios de Nuevo León para el periodo 2015–2025. El IRVGM es un índice compuesto que integra cuatro indicadores —feminicidio, violencia familiar, violación simple y trata de personas—, calculados como tasas por 100 mil habitantes a partir de registros administrativos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y normalizados mediante el método min-máx. dentro de cada entidad. Se analizan individualmente 18 municipios con población superior a 50 mil habitantes; los 33 municipios restantes se agregan en cuatro regiones funcionales para el cálculo de un índice regional. Los niveles de riesgo se definen mediante umbrales fijos: muy alto (≥55), alto (40–54.9), moderado (25–39.9) y bajo (<25). Los resultados muestran que ningún municipio alcanza el nivel de riesgo bajo. Ciénega de Flores encabeza el estado con el IRVGM más alto (81.0), resultado de puntuaciones máximas simultáneas en feminicidio y violación simple. Se identifican cuatro hallazgos estructurales: primero, un gradiente de riesgo centro-periferia invertido dentro de la Zona Metropolitana de Monterrey, donde los municipios de expansión reciente concentran mayor riesgo que el núcleo consolidado; segundo, una disociación entre violencia letal e IRVGM, con Monterrey alcanzando el cuarto lugar estatal por su posición máxima en trata de personas y no por feminicidio; tercero, una violencia familiar de magnitud con seis municipios por encima de 400 casos por 100 mil habitantes; y cuarto, una paradoja de protección en la cobertura de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), cuyos municipios alertados presentan en su mayoría menor riesgo compuesto que los no alertados. Los resultados confirman que el desarrollo económico no opera como factor protector frente a la violencia de género y que la arquitectura institucional de protección a las mujeres en el estado no ha crecido al ritmo de su expansión territorial.
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